Por Redacción / Especial Investigaciones
Acolman, Estado de México. La violencia no siempre llega de afuera. A veces, brota desde las mismas entrañas del poder, disfrazada de compañerismo partidista y cargada de impunidad. El caso de la diputada federal Claudia Leticia Garfias Alcántara, quien ha denunciado públicamente una agresión brutal perpetrada presuntamente por colaboradores del diputado local Osvaldo Cortés Contreras y con la complicidad de la alcaldesa morenista Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, evidencia el rostro más crudo del fuego cruzado al interior de Morena.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en las oficinas distritales de Garfias en la comunidad de Cuanalán, municipio de Acolman. Según su testimonio, no solo fue golpeada y violentada sexualmente por un sujeto identificado como El Cambujo —chofer y operador cercano del diputado Cortés—, sino que sus hijos y equipo de trabajo también fueron brutalmente agredidos, resultando varios con lesiones severas, entre ellas daño ocular y neurológico.
Pero el ataque no fue solo físico. También fue simbólico. En el lugar, los agresores destruyeron equipo, vandalizaron las instalaciones y robaron documentos y dispositivos electrónicos. El mensaje era claro: no solo se buscaba intimidar, sino silenciar.
La diputada responsabilizó directamente al legislador local y a la alcaldesa, ambos militantes del mismo partido. También reveló que la agresión fue precedida por una maniobra institucional: una supuesta supervisión municipal, usada como pretexto para allanar sus oficinas. La denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, y se han activado medidas cautelares de protección.
Lo grave no es solo la violencia ejercida, sino su procedencia. El enemigo no venía del frente opositor, ni de una pugna ideológica entre partidos. Esta agresión fue interna, directa, desde quienes se suponen aliados en la transformación política del país. Fue fuego amigo, y eso lo hace aún más peligroso.
El silencio institucional de parte de los señalados contrasta con el respaldo que Claudia Garfias ha recibido de algunos sectores de la bancada federal, quienes han alzado la voz exigiendo justicia. Sin embargo, la estructura de protección al interior del partido y la complicidad institucional podrían convertir este caso en uno más que se engaveta bajo el peso del cálculo electoral.
Lo ocurrido en Acolman exhibe no solo una fractura política, sino una peligrosa normalización de la violencia de género al interior del poder. Si una diputada federal puede ser atacada de esta forma por sus propios compañeros de partido, ¿qué pueden esperar las bases militantes, las mujeres activistas o los ciudadanos críticos?
Más allá del discurso, Morena tiene ante sí la oportunidad (y la obligación) de marcar un precedente. El verdadero cambio no se mide en eslóganes, sino en actos concretos de justicia. La omisión también es complicidad.
