Después de casi cincuenta años de movilizaciones, la Coordinadora sigue siendo uno de los actores políticos y sociales más influyentes de México.
Cada cierto tiempo la escena se repite.
Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenan de casas de campaña. Las principales avenidas son bloqueadas. Miles de maestros marchan, mientras los gobiernos en turno intentan abrir nuevas mesas de negociación.
Y entonces vuelve a surgir la misma pregunta:
¿Qué busca realmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?
La respuesta parece sencilla.
Sus dirigentes sostienen que luchan por la defensa de la educación pública, los derechos laborales y mejores condiciones para los trabajadores de la educación.
Sus críticos responden algo muy distinto: que la organización busca preservar espacios de influencia política y mecanismos de presión construidos durante décadas.
Sin embargo, ninguna de estas explicaciones parece suficiente.
La CNTE ha sobrevivido a gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. Ha enfrentado a presidentes ideológicamente distintos y, aun así, continúa movilizándose.
¿Por qué?
El origen de una organización incómoda
La historia de la CNTE no comenzó con Enrique Peña Nieto ni con las recientes protestas en la Ciudad de México.
La organización surgió a finales de la década de los setenta como una corriente disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Desde entonces desarrolló una característica que la distinguiría de otras organizaciones sindicales:
su capacidad de movilización.
Particularmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la Coordinadora construyó una importante estructura territorial y política que le permitió convertirse en uno de los movimientos sociales más influyentes del país.
Con el paso de los años dejó de ser únicamente una organización sindical.
Se convirtió también en un actor político.
La reforma educativa de Peña Nieto y el inicio de una nueva confrontación
Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia en diciembre de 2012, una de sus principales apuestas fue la reforma educativa.
El proyecto fue presentado como una transformación histórica.
Según el nuevo gobierno, era necesario recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, mejorar la calidad de la enseñanza y terminar con prácticas que durante años habían sido cuestionadas dentro del sistema educativo mexicano.
La reforma avanzó rápidamente.
Contaba con el respaldo del recién firmado Pacto por México, que reunía al PRI, PAN y PRD alrededor de una agenda de reformas estructurales.
Desde la perspectiva gubernamental, las condiciones parecían ideales.
Pero lejos de los salones legislativos, la historia se veía de manera muy distinta.
Particularmente en los estados donde la CNTE mantenía una fuerte presencia.
Para muchos dirigentes magisteriales, la reforma no representaba únicamente una mejora educativa.
Representaba una amenaza.
Las plazas, las evaluaciones y el control del sistema educativo
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto tenía que ver con las condiciones laborales de los maestros.
Durante décadas, las plazas docentes representaron mucho más que un empleo.
Significaban estabilidad económica, acceso a prestaciones, posibilidades de promoción y la construcción de un proyecto de vida dentro del servicio público.
La reforma buscaba modificar parte de esas reglas.
El ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema educativo quedarían sujetos a nuevos mecanismos de evaluación.
Para sus defensores, esto significaba avanzar hacia un modelo basado en el mérito profesional.
Para sus opositores, representaba un mecanismo de control administrativo que ponía en riesgo derechos laborales adquiridos durante años.
Al mismo tiempo, la discusión reabrió un debate que continúa hasta nuestros días.
Durante décadas existieron denuncias sobre mecanismos poco transparentes para la asignación de plazas.
Herencias.
Recomendaciones.
Favores políticos.
Asignaciones discrecionales.
E incluso acusaciones sobre presuntas ventas de plazas.
Estas prácticas no eran exclusivas de una sola organización y también involucraban a autoridades educativas y gobiernos estatales.
Precisamente por ello, una parte importante de la sociedad observó con simpatía la reforma educativa.
Oaxaca y Guerrero: la rebelión de los maestros
Las tensiones comenzaron a escalar rápidamente.
En Oaxaca, la Sección 22 impulsó el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), una propuesta alternativa al modelo impulsado por el gobierno federal.
Pero las movilizaciones continuaron creciendo.
Las marchas se multiplicaron.
Los plantones se expandieron.
Y las amenazas mutuas comenzaron a dominar el debate público.
La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados en Guerrero.
Miles de maestros tomaron la Autopista del Sol, una de las principales vías de comunicación del país.
La respuesta del Estado llegó poco después.
Miles de elementos federales fueron desplegados para recuperar la vialidad.
Las imágenes mostraron escenas de enfrentamientos, piedras, bombas molotov y decenas de lesionados.
Para muchos integrantes de la Coordinadora, aquello confirmaba que el gobierno estaba dispuesto a imponer la reforma mediante la fuerza.
Del conflicto educativo a una disputa política
Con el paso del tiempo quedó claro que el conflicto iba mucho más allá de la educación.
La CNTE comenzó a confrontar no solamente al gobierno federal, sino también a gobernadores, congresos locales y partidos políticos.
La discusión dejó de centrarse exclusivamente en las escuelas.
Ahora se trataba de una disputa sobre el poder.
Sobre la autonomía sindical.
Y sobre quién debía tomar decisiones en nombre de millones de trabajadores de la educación.
Las pensiones: el nuevo centro del conflicto
Sin embargo, existe otro elemento que ayuda a entender las movilizaciones actuales.
Las pensiones.
Desde la reforma al ISSSTE de 2007, una parte importante del magisterio manifestó su inconformidad con el sistema de cuentas individuales, los cambios en las condiciones de retiro y la percepción de que las nuevas generaciones trabajarían más años para obtener pensiones menores.
Aquella inconformidad nunca desapareció.
Simplemente quedó opacada por otros acontecimientos.
Primero por la guerra contra el narcotráfico.
Después por la reforma educativa.
Y más tarde por los cambios políticos derivados de la llegada de Morena al poder.
Pero seguía ahí.
Esperando.
Por eso, las movilizaciones recientes de la CNTE han colocado nuevamente sobre la mesa temas relacionados con:
- Pensiones.
- Jubilaciones.
- Edad de retiro.
- Condiciones laborales.
- Sistema de cuentas individuales.
La discusión ya no es exactamente la misma que en 2013.
Pero el conflicto continúa.
¿Qué busca realmente la Coordinadora?
Las respuestas dependen en gran medida de quién las formule.
Sus simpatizantes sostienen que la organización continúa defendiendo derechos laborales conquistados durante décadas.
Sus críticos afirman que protege espacios de influencia construidos a lo largo del tiempo.
Lo cierto es que existe un hecho difícil de discutir.
Después de casi cincuenta años, la Coordinadora sigue teniendo la capacidad de movilizar miles de personas, paralizar ciudades y obligar a los gobiernos a sentarse a negociar.
Y quizá por eso la pregunta sigue siendo la misma.
No quién gobierna México.
No qué partido ocupa el poder.
Sino qué es exactamente lo que busca una organización que ha sobrevivido a todos ellos.
Porque después de décadas de reformas, movilizaciones y cambios políticos, la CNTE sigue aquí.
Y eso significa que la historia todavía no ha terminado.