La nueva legislación convierte en política pública permanente varias acciones que la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural ha venido desarrollando en favor de los polinizadores y los productores rurales de la Ciudad de México.
La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) celebró la entrada en vigor de la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores de la Ciudad de México, publicada el pasado 22 de julio en la Gaceta Oficial capitalina, al considerar que representa un paso histórico para fortalecer la protección de las abejas, la biodiversidad y la actividad apícola en el Suelo de Conservación.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el director general de la CORENADR, Humberto Adán Peña Fuentes, destacó que la nueva legislación fortalece el trabajo de las y los apicultores de la ciudad y reconoce la importancia estratégica de los polinizadores para la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas.
La ley reconoce a las abejas y a otros agentes polinizadores como especies de protección prioritaria, crea un marco integral para el desarrollo de la apicultura y establece nuevas obligaciones para las autoridades en materia de conservación, monitoreo, educación ambiental, investigación científica y restauración ecológica.
Una política que ya se construía en territorio
Más allá del cambio legislativo, la publicación de la ley formaliza una estrategia que la CORENADR ha venido desarrollando durante los últimos años en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México.
Entre las acciones impulsadas por la Comisión destacan el rescate y reubicación de enjambres provenientes de zonas urbanas, su rehabilitación sanitaria y posterior incorporación a unidades productivas administradas por apicultores locales, un modelo que ha sido presentado como uno de los pocos esquemas especializados de atención a polinizadores existentes en el país.
La nueva legislación incorpora precisamente ese enfoque al establecer que el rescate de enjambres será de utilidad pública y privilegiará siempre la conservación de las colonias sobre su destrucción, además de ordenar la creación de protocolos especializados para su manejo.
Protección ambiental y desarrollo rural
La relación entre la ley y el trabajo cotidiano de la CORENADR también puede observarse en el fortalecimiento del sector productivo rural.
La Comisión tiene entre sus atribuciones promover actividades agrícolas y pecuarias sustentables, impulsar la restauración ambiental y fortalecer la productividad del Suelo de Conservación mediante programas de apoyo a productores.
En ese contexto, la nueva legislación incorpora herramientas como el Padrón Apícola de la Ciudad de México, programas de financiamiento, capacitación técnica, jardines para polinizadores, monitoreo científico y mecanismos para valorar económicamente los servicios de polinización, elementos que buscan convertir la apicultura en una actividad ambiental y económicamente estratégica.
Una visión de largo plazo
La ley también representa un cambio conceptual importante para la política ambiental capitalina.
Por primera vez, la protección de los polinizadores deja de limitarse a la conservación de una especie para reconocer el valor del proceso de polinización como un servicio ecosistémico indispensable para la biodiversidad, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Además de prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos como los neonicotinoides y el fipronil, la norma establece la creación de jardines para polinizadores, protocolos para atender la muerte masiva de abejas por intoxicación y programas permanentes de restauración de flora nectarífera y melífera.
Con esta publicación, la Ciudad de México no solo fortalece la protección legal de las abejas y otros polinizadores, sino que consolida un modelo de gestión ambiental que vincula la conservación de la biodiversidad con el desarrollo rural, la producción sustentable y la resiliencia de los ecosistemas del Suelo de Conservación, una agenda que la CORENADR ha venido impulsando desde el territorio y que ahora encuentra respaldo en un marco jurídico específico.