Huachicol fiscal: el negocio que creció bajo vigilancia militar.
La investigación sobre la aduana de Matamoros no solamente exhibe una posible red de contrabando de combustible.
También obliga a revisar una de las principales promesas de la militarización: que entregar instituciones civiles a las Fuerzas Armadas terminaría con la corrupción.
Las aduanas mexicanas fueron entregadas paulatinamente a las Fuerzas Armadas bajo una promesa sencilla y políticamente poderosa: donde los civiles habían permitido corrupción, los militares impondrían disciplina.
No era solamente un cambio administrativo. Era una declaración sobre la forma de gobernar.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la presencia del Ejército y la Marina permitiría terminar con las complicidades que durante décadas habían convertido puertos y cruces fronterizos en espacios vulnerables al contrabando, la evasión fiscal y el tráfico de mercancías.
En julio de 2021 se creó formalmente la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano separado del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente se consolidó un modelo en el que las aduanas terrestres quedaron bajo mandos vinculados con la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la Marina incrementó su presencia en puertos y aduanas marítimas. (Diario Oficial de la Federación)
La fórmula parecía tener sentido dentro del relato político del sexenio: si el problema era la corrupción de los funcionarios, bastaba con sustituirlos por integrantes de una institución presentada como incorruptible.
Pero una investigación relacionada con la aduana de Matamoros ha abierto una pregunta mucho más profunda:
¿Qué sucede cuando la institución encargada de vigilar también aparece dentro del expediente?
¿Qué ocurrió en la aduana de Matamoros?
La Fiscalía General de la República investiga a tres mandos militares que habrían ocupado posiciones relevantes dentro de la aduana de Matamoros, Tamaulipas. Se les atribuye una posible participación en una red que introdujo ilegalmente alrededor de 144 millones de litros de hidrocarburos.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los cargamentos no habrían sido registrados como gasolina o diésel. En los documentos aduanales aparecían como soluciones químicas, entre ellas cloruro de calcio, lo que habría permitido evadir impuestos, permisos y controles específicos para la importación de combustibles.
Los señalados son dos tenientes coroneles que encabezaron la aduana en diferentes periodos y un teniente de Policía Militar que ocupó un cargo operativo. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso; por tanto, las responsabilidades individuales deberán establecerse ante los tribunales y no pueden considerarse probadas solamente por la existencia de órdenes de captura o indagatorias. (El País)
La cantidad investigada permite dimensionar el problema.
No se habla de algunas pipas que atravesaron una revisión deficiente. Se habla de una operación que habría requerido documentación, empresas importadoras, transportistas, agentes aduanales, instalaciones de almacenamiento, compradores y mecanismos para introducir el producto al mercado formal.
El huachicol fiscal no funciona como un acto clandestino aislado. Necesita parecer legal durante casi todo su recorrido.
Ahí se encuentra su principal diferencia con la imagen tradicional del huachicolero.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Durante años, la palabra huachicol estuvo asociada con personas que perforaban ductos de Petróleos Mexicanos para extraer gasolina o diésel.
El huachicol fiscal es distinto.
En este esquema, el combustible puede haber sido comprado legalmente en Estados Unidos. El delito se produce al introducirlo a México con documentos falsos, clasificaciones incorrectas o declaraciones que lo presentan como lubricante, aditivo, alcohol, producto petroquímico u otra sustancia con una carga fiscal menor.
El negocio consiste en evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y otras obligaciones aplicables a los combustibles. La mercancía entra aparentemente respaldada por documentos y después puede venderse a través de redes de distribución, terminales o estaciones de servicio.
Reuters ha documentado operaciones en las que cargamentos de diésel y otros derivados fueron declarados como productos petrolíferos distintos para evitar impuestos que pueden representar una parte considerable de su valor. La investigación también identificó conexiones entre comercializadoras estadounidenses, empresas mexicanas poco transparentes y organizaciones vinculadas con el crimen organizado. (Reuters)
La operación puede resumirse en cinco pasos:
El combustible se compra fuera del país.
Una empresa lo exporta con una determinada clasificación.
Otra empresa lo importa en México declarando que se trata de un producto distinto.
El cargamento cruza la aduana sin pagar los impuestos correspondientes.
Finalmente, el combustible se incorpora al mercado y se vende cerca del precio legal.
La diferencia entre los impuestos que debieron pagarse y el costo realmente cubierto se convierte en la ganancia de la red.
Por eso el huachicol fiscal no solamente debe entenderse como contrabando. También es un sistema de corrupción administrativa, evasión tributaria, lavado de dinero y competencia desleal.
Una anomalía que creció después de la militarización
La historia de Matamoros resulta políticamente incómoda porque las operaciones sospechosas no disminuyeron con la llegada de los militares.
Por el contrario, una revisión de datos aduanales publicada por El País sostiene que las importaciones de productos utilizados para encubrir hidrocarburos aumentaron considerablemente después de que la aduana fue militarizada en 2021. El volumen de operaciones sospechosas habría alcanzado alrededor de 690 millones de litros durante 2023, aunque esa cifra comprende un universo más amplio que los 144 millones de litros incluidos en la investigación penal contra los tres mandos. (El País)
La distinción es importante.
Los 690 millones de litros representan importaciones identificadas como anómalas mediante el análisis de registros comerciales. Los 144 millones corresponden a las operaciones que la Fiscalía habría vinculado con una red y con servidores públicos concretos.
No todo movimiento irregular constituye automáticamente un delito. Sin embargo, la dimensión de las anomalías indica que el problema difícilmente podía reducirse a una pipa, un funcionario o una empresa.
Para que una operación de esa magnitud funcione durante meses se necesita algo más que silencio.
Se necesita normalidad.
Camiones que llegan a la misma hora. Documentos que se presentan con los mismos conceptos. Funcionarios que reconocen a los operadores. Empresas que repiten rutas. Almacenes preparados para recibir el producto. Compradores que conocen el origen irregular del combustible o prefieren no preguntar.
El éxito del contrabando depende de que lo extraordinario termine pareciendo rutinario.
El antecedente marítimo: Tampico
El caso de Matamoros tampoco apareció en el vacío.
En marzo de 2025, las autoridades aseguraron en el puerto de Tampico un buque que transportaba decenas de miles de barriles de diésel presuntamente declarado como aditivo para aceites lubricantes. El aseguramiento condujo a una investigación mayor y, meses después, a la detención de 14 personas, entre ellas funcionarios aduanales y elementos de la Marina. (Reuters)
La investigación reveló un posible esquema que utilizaba buques, terminales portuarias, pipas y documentos aduanales para introducir combustible ilegal.
Posteriormente, autoridades mexicanas ampliaron sus investigaciones a los puertos de Tampico, Guaymas y Ensenada, así como a posibles irregularidades dentro de la Marina y las autoridades aduaneras. (Reuters)
Primero fue una red relacionada con instalaciones bajo responsabilidad naval.
Después aparecieron señalamientos contra mandos militares en una aduana terrestre.
Ambos casos comparten una contradicción: las instituciones que llegaron para cerrar las puertas al contrabando terminaron investigadas por la posibilidad de que algunos de sus integrantes hubieran ayudado a abrirlas.
La vieja historia de las aduanas mexicanas
Las aduanas siempre han sido algo más que casetas donde se revisan mercancías.
Son puntos de poder.
En ellas se decide qué entra, cuánto paga, quién puede importarlo y qué empresa queda fuera del mercado. Un funcionario aduanal puede retrasar una operación, liberar una carga, ordenar una revisión o permitir que un documento aparentemente correcto continúe su camino.
Por eso cada transformación del sistema aduanero mexicano ha sido presentada como una ruptura con el pasado.
Se reorganizan oficinas.
Se sustituyen administradores.
Se anuncian nuevos controles.
Se instalan cámaras.
Se compran equipos de revisión.
Se modifican reglamentos.
Y, con frecuencia, las redes ilegales se adaptan antes de que las nuevas instituciones terminen de organizarse.
El contrabando no sobrevive únicamente porque existan personas dispuestas a violar la ley. Sobrevive porque aprende el lenguaje del Estado.
Durante décadas, las mercancías ilegales entraron escondidas. Hoy pueden entrar acompañadas por facturas, pedimentos, agentes especializados y empresas constituidas formalmente.
La modernización no necesariamente elimina el delito.
A veces también lo moderniza.
De la ordeña de ductos al fraude documental
En enero de 2019, buena parte del país experimentó problemas de abastecimiento de gasolina después de que el gobierno cerró temporalmente ductos como parte de su estrategia contra el robo de combustibles.
La escena pública del huachicol era entonces muy distinta.
Había tomas clandestinas, bidones, camionetas, comunidades instaladas alrededor de los ductos y organizaciones que extraían directamente el producto de Pemex. La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una explosión causó la muerte de decenas de personas, mostró de manera brutal las consecuencias sociales del fenómeno.
El gobierno afirmó que su estrategia había reducido considerablemente el robo mediante perforaciones.
Pero el negocio no desapareció.
Cambió de ruta.
La gasolina que antes salía ilegalmente de un ducto comenzó a entrar ilegalmente por una aduana. El huachicolero que necesitaba una manguera fue sustituido por operadores que necesitaban empresas, permisos, barcos, pipas y contactos administrativos.
El delito dejó de parecer una fuga rural y comenzó a parecer una operación de comercio exterior.
Ese cambio ayuda a explicar por qué el problema pudo crecer sin generar inicialmente la misma alarma pública.
Una toma clandestina puede ser fotografiada.
Una clasificación arancelaria falsa solamente puede descubrirse comparando documentos, volúmenes, rutas, laboratorios, impuestos y movimientos financieros.
El nuevo huachicol es menos visible, pero puede resultar mucho más rentable.
La militarización como relato político
La entrega de funciones civiles a las Fuerzas Armadas se apoyó en una idea central: el Ejército y la Marina no solamente tenían mayor capacidad operativa, sino también una superioridad moral frente a otras instituciones.
Esa idea fue utilizada para justificar su participación en la construcción de infraestructura, la administración de aeropuertos, la operación de puertos, el control de aduanas, la distribución de medicamentos y otros proyectos.
El argumento tenía una enorme eficacia política.
Cuando una dependencia civil fracasaba, podía atribuirse el problema a burócratas, intermediarios o estructuras heredadas.
Cuando una función era entregada a los militares, la decisión se presentaba como una garantía de disciplina, obediencia y honestidad.
Sin embargo, ninguna institución está protegida de la corrupción por su uniforme.
Las Fuerzas Armadas pueden disponer de cadenas de mando más rígidas, controles internos y capacidades logísticas superiores. Pero cuando administran negocios, permisos, contratos, puertos o aduanas, también quedan expuestas a los mismos incentivos económicos que corrompieron a las instituciones civiles.
La diferencia es que poseen mayores niveles de reserva, autonomía y protección política.
Esa combinación puede hacer más difícil detectar y discutir públicamente sus fallas.
No se trata de afirmar que todos participaron
La investigación de Matamoros no demuestra que las Fuerzas Armadas, como instituciones completas, controlaran el contrabando.
Tampoco permite concluir que todos los administradores, soldados, marinos o funcionarios aduanales participaron en actos ilegales.
La responsabilidad penal es individual y deberá acreditarse mediante pruebas.
Pero el análisis político no termina en la responsabilidad penal.
Aunque los tribunales determinaran que la red estuvo integrada solamente por algunos funcionarios, persistirían preguntas institucionales:
¿Cómo pudieron circular los cargamentos?
¿Qué alertas generaron los volúmenes importados?
¿Quién revisaba las clasificaciones químicas?
¿Qué controles existían sobre los administradores de las aduanas?
¿Quién supervisaba el patrimonio y las relaciones comerciales de los mandos?
¿Por qué las anomalías no fueron detectadas o detenidas antes?
¿Las autoridades federales conocían el crecimiento de estas importaciones?
Un gobierno no solamente debe responder por las personas que cometen un delito.
También debe responder por los sistemas que permitieron que ese delito pudiera repetirse.
La corrupción no desaparece cuando cambia de uniforme
La principal consecuencia política del caso no consiste en demostrar que un militar puede corromperse. Eso debería resultar evidente: los integrantes de las Fuerzas Armadas son servidores públicos, no personajes ajenos a las debilidades humanas o a los incentivos económicos.
La verdadera consecuencia consiste en cuestionar la idea de que la militarización puede sustituir al diseño institucional.
Cambiar civiles por militares no reemplaza la necesidad de auditorías independientes, controles de confianza, sistemas de trazabilidad, supervisión patrimonial, transparencia y rendición de cuentas.
La disciplina puede ordenar una oficina.
No necesariamente puede impedir una complicidad.
Una cadena de mando fuerte incluso puede convertirse en un problema cuando los subordinados tienen pocos incentivos para cuestionar las decisiones de sus superiores.
La pregunta no debe ser solamente quién controlaba la aduana.
La pregunta es quién controlaba a quienes controlaban la aduana.
Un negocio binacional
El huachicol fiscal tampoco puede explicarse como un fenómeno exclusivamente mexicano.
El combustible suele originarse en Estados Unidos, pasa por comercializadoras y empresas exportadoras, es transportado por compañías internacionales y cruza mediante operaciones que requieren documentos en ambos lados de la frontera.
Investigaciones de Reuters han identificado a empresas estadounidenses cuyas operaciones son revisadas por autoridades de ese país debido a posibles cargamentos mal clasificados y relaciones con clientes mexicanos vinculados presuntamente con redes criminales. En abril de 2026, autoridades estadounidenses registraron las oficinas de una comercializadora de Houston investigada por operaciones de exportación de combustibles hacia México. (Reuters)
Esto obliga a superar otra narrativa cómoda: la idea de que los cárteles mexicanos operan solos y corrompen todo lo que encuentran.
Una red de contrabando internacional necesita proveedores, intermediarios financieros, transportistas, terminales, compradores y empresas a ambos lados de la frontera.
El crimen organizado no reemplaza al mercado.
Se inserta en él.
¿Qué debería cambiar?
El caso de Matamoros no debería resolverse únicamente con la captura de tres mandos o algunos empresarios.
Una respuesta institucional tendría que reconstruir la ruta completa de los cargamentos: quién los vendió, quién los transportó, qué agente aduanal elaboró los pedimentos, qué laboratorio certificó el producto, qué empresa lo recibió, dónde se almacenó y qué estaciones terminaron vendiéndolo.
También deberían revisarse las declaraciones patrimoniales, movimientos bancarios y redes comerciales de los servidores públicos que ocuparon puestos sensibles durante el periodo investigado.
Pero el cambio más importante sería político.
El gobierno tendría que abandonar la idea de que cuestionar a las Fuerzas Armadas equivale a atacar su prestigio.
Una institución se fortalece cuando puede ser investigada, auditada y obligada a explicar sus decisiones. Se debilita cuando su imagen se protege por encima de la verdad.
La confianza no puede descansar únicamente en el uniforme.
Debe descansar en controles verificables.
El verdadero significado del caso Matamoros
Durante años, la discusión sobre la militarización se concentró en si el Ejército tenía capacidad para desempeñar funciones civiles.
El caso del huachicol fiscal obliga a formular una pregunta distinta:
¿Quién vigila a una institución cuando recibe cada vez más poder, más presupuesto y más responsabilidades, pero no necesariamente mayores controles externos?
La historia mexicana está llena de instituciones creadas para corregir a las anteriores.
Nuevas policías sustituyeron a policías desacreditadas.
Nuevas fiscalías reemplazaron procuradurías.
Nuevos organismos asumieron funciones de dependencias consideradas corruptas.
El problema aparece cuando el cambio de nombre, uniforme o cadena de mando se confunde con una transformación del sistema.
La corrupción no es una sustancia alojada exclusivamente en determinadas personas.
Es una relación entre poder, dinero, discrecionalidad y ausencia de vigilancia.
Puede vestir traje.
Puede portar una identificación aduanal.
También puede llevar uniforme.
La investigación sobre Matamoros apenas comienza y las responsabilidades deberán probarse. Pero la contradicción política ya está frente a nosotros.
Las aduanas fueron militarizadas para evitar que el contrabando comprara a quienes debían detenerlo.
Ahora el país necesita saber si el negocio fue realmente desmantelado o si simplemente aprendió a operar bajo una nueva autoridad.
Porque la noticia no son solamente los 144 millones de litros que presuntamente cruzaron la frontera.
La noticia es que pudieron hacerlo bajo la vigilancia de quienes habían llegado para impedirlo.