Cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2006, México atravesaba uno de los momentos políticos más complejos de su historia reciente. La elección presidencial había dejado una profunda división social y el nuevo gobierno enfrentaba cuestionamientos sobre su legitimidad. En ese contexto, apenas unos días después de tomar posesión, Calderón anunció una estrategia que marcaría para siempre el rumbo del país: la guerra contra el narcotráfico.
La imagen fue cuidadosamente construida. Soldados desplegados en distintos estados, retenes militares en carreteras, operativos conjuntos y un discurso que prometía recuperar el control del territorio nacional frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas. El mensaje era claro: el Estado mexicano estaba decidido a enfrentar a los cárteles.
Sin embargo, detrás de aquella narrativa existía una contradicción que con el paso de los años se volvería imposible de ignorar. Mientras miles de elementos de las Fuerzas Armadas eran enviados a combatir al crimen organizado, el hombre que simbolizaba el crecimiento del narcotráfico en México seguía libre. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, continuaba moviéndose por distintas regiones del país sin que las autoridades lograran detenerlo.
Para entender por qué esa situación resultaba tan significativa hay que retroceder algunos años.
La historia no comienza con Felipe Calderón. Comienza con Vicente Fox.
El 19 de enero de 2001, apenas iniciado el primer gobierno federal encabezado por el Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. La fuga se convirtió rápidamente en uno de los episodios más vergonzosos para las instituciones mexicanas. Más allá de los detalles sobre cómo ocurrió, el hecho tuvo una consecuencia política y simbólica enorme: permitió el nacimiento de un personaje que poco a poco comenzó a adquirir dimensiones legendarias.
Durante los años siguientes, El Chapo dejó de ser únicamente un narcotraficante buscado por las autoridades. Su nombre empezó a aparecer en corridos, reportajes, libros y conversaciones populares. Cada año que permanecía libre fortalecía la percepción de que existía algo extraordinario detrás de su capacidad para evadir a las autoridades. Para muchos mexicanos se convirtió en una especie de fantasma capaz de desaparecer en las montañas. Para otros, en cambio, su permanencia en libertad era la prueba de que contaba con algún tipo de protección dentro de las estructuras del poder.
Cuando Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, esa figura ya se encontraba plenamente consolidada. Por eso resulta tan revelador revisar los testimonios que, años después, fueron publicados por el periodista J. Jesús Esquivel en el libro La DEA en México y difundidos por la revista Proceso en abril de 2013.
Lo que vuelve particularmente relevantes esas declaraciones es que presentan una versión muy distinta de la historia que se contaba públicamente. Según diversos agentes y exagentes de la DEA entrevistados para esa investigación, Joaquín Guzmán no era un objetivo imposible de localizar. De acuerdo con sus testimonios, las agencias estadounidenses habían reunido información sobre propiedades vinculadas al líder del Cártel de Sinaloa, movimientos de familiares, lugares de reunión y zonas donde operaba regularmente. Más importante aún, afirmaban que buena parte de esa información era compartida con las autoridades mexicanas.
Si esas afirmaciones eran correctas, entonces la pregunta central cambiaba por completo. El problema ya no era por qué no podían encontrar a El Chapo. El problema era entender por qué, aun con información disponible, seguía escapando.
Uno de los episodios relatados por los agentes ilustra perfectamente esa inquietud.
Según los testimonios recogidos por Esquivel, en mayo de 2007 la DEA recibió información de que Joaquín Guzmán asistiría a la fiesta de quince años de la hija de un compadre en una comunidad llamada Coluta, en Durango. No se trataba de un encuentro improvisado ni de una reunión clandestina en algún lugar remoto de la sierra. Era una celebración familiar con fecha, lugar y asistentes conocidos.
La información, según relatan los agentes, fue compartida con diversas instancias del gobierno mexicano. La expectativa era que finalmente se presentara una oportunidad para capturar al hombre más buscado del país. Se organizó un operativo y elementos militares fueron enviados al lugar.
Sin embargo, cuando llegaron, El Chapo ya no estaba.
La explicación oficial fue sencilla: había logrado escapar.
Pero para quienes observaban la situación desde las agencias estadounidenses, el episodio dejaba una sensación difícil de ignorar. No era la primera vez que ocurría algo parecido y tampoco sería la última.
Lo que más llamó la atención fue que, poco tiempo después, se presentó una situación muy similar.
De acuerdo con los testimonios publicados en Proceso, la DEA tuvo conocimiento de una boda relacionada con Emma Coronel Aispuro. Nuevamente se trataba de un evento social programado con anticipación. Nuevamente existía información específica sobre el lugar y los posibles asistentes. Y nuevamente, según la versión de los agentes, los datos fueron compartidos con las autoridades mexicanas.
La lógica indicaba que una ceremonia de ese tipo podía ofrecer una oportunidad excepcional para ubicar y detener a una persona que llevaba años siendo buscada por ambos gobiernos. Sin embargo, el resultado fue prácticamente idéntico al ocurrido en Durango. Cuando las fuerzas encargadas de intervenir llegaron al sitio, Joaquín Guzmán ya no se encontraba ahí.
Por separado, cada episodio podía interpretarse como un fracaso operativo. Pero observados en conjunto comenzaban a alimentar otra hipótesis mucho más preocupante: la posibilidad de que la información sobre los operativos estuviera llegando a las personas que debían ser capturadas.
Es precisamente en ese punto donde los testimonios de los agentes adquieren una dimensión política mucho más profunda.
La narrativa que suele dominar las discusiones actuales presenta el deterioro de la relación entre las autoridades mexicanas y las agencias estadounidenses como un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, las declaraciones recogidas por Esquivel muestran que la desconfianza ya era evidente durante los gobiernos panistas. Los agentes describían una relación marcada por la frustración. Aseguraban compartir información que no producía resultados, observar operativos que terminaban en fracaso y enfrentar situaciones donde los objetivos parecían enterarse con anticipación de los movimientos oficiales.
Desde esa perspectiva, la guerra contra el narcotráfico comenzaba a mostrar una contradicción fundamental. Mientras públicamente se presentaba como una ofensiva frontal contra las organizaciones criminales, en la práctica el principal líder del narcotráfico mexicano continuaba libre.
Esa contradicción se volvió todavía más evidente con el paso de los años. La estrategia militar produjo miles de enfrentamientos, miles de detenciones y una escalada de violencia que transformó la vida cotidiana de numerosas regiones del país. Sin embargo, Joaquín Guzmán concluyó el sexenio de Felipe Calderón sin haber sido capturado.
Por eso, cuando se revisan los testimonios publicados en 2013, resulta difícil evitar una pregunta incómoda. Si existía inteligencia, si existían operativos y si existía coordinación entre distintas instituciones, ¿por qué los resultados parecían siempre insuficientes cuando se trataba de capturar al líder del Cártel de Sinaloa?
Tal vez la respuesta no se encuentre únicamente en las capacidades de un narcotraficante para ocultarse. Tal vez también sea necesario observar el funcionamiento de las instituciones encargadas de perseguirlo. Porque la historia de El Chapo no sólo habla de un criminal que logró escapar durante años. También habla de un Estado que, mientras declaraba una guerra sin precedentes contra el narcotráfico, fue incapaz de detener al hombre que mejor representaba el poder de esas organizaciones.
Y quizá por eso, más de una década después, la pregunta sigue siendo la misma. No dónde estaba Joaquín Guzmán. Sino por qué, durante tanto tiempo, parecía que todos sabían dónde encontrarlo y aun así nadie lograba detenerlo.