Los premios suelen entenderse como el punto de llegada de una trayectoria. Representan el reconocimiento público a un trabajo realizado, una carrera consolidada o una aportación excepcional. Sin embargo, no todos los reconocimientos cumplen esa función. Algunos también sirven para construir prestigio, fortalecer perfiles públicos y dotar de legitimidad a personas e instituciones. En política, como en muchas otras actividades, un galardón puede ser mucho más que una placa o una fotografía; puede convertirse en una pieza dentro de una historia cuidadosamente construida.
Hace algunos años, durante mi juventud, conviví con músicos de barrio y conocí una parte del negocio que pocas veces llega al público. En ese ambiente existían personajes conocidos como caimanes, representantes o intermediarios que parecían vivir alrededor de las bandas, los contratos y las oportunidades. Algunos tenían fama de hacer cuentas poco claras, otros de aprovecharse del trabajo ajeno y varios más de mantener conflictos de interés que casi siempre terminaban siendo comerciales. Pero si había algo que dominaban era la capacidad de construir historias.
Con el tiempo llegué a colaborar con una banda que ya contaba con un par de reconocimientos. Musicalmente tenía una propuesta interesante: mezclaba rock con instrumentos prehispánicos, trabajaba composiciones originales y había construido una identidad que encontraba sentido en su origen, un pueblo originario de Xochimilco. Era, en muchos sentidos, la propuesta correcta en las manos equivocadas. Recuerdo que en una ocasión alguien nos ofreció abrir el festival de música latinoamericana más importante del país. La condición era tan extraña como reveladora: había que poner los lonches para parte del personal del evento y, según se comentaba, el espacio ni siquiera existía oficialmente dentro del programa. Nunca supe si aquella oportunidad era auténtica o simplemente formaba parte de una historia bien contada.
Tiempo después la banda recibió otro de sus galardones. Durante un ensayo alguien habló del costo del premio. No recuerdo la cifra; en ese momento mi interés estaba mucho más concentrado en aprender a tocar que en registrar ese tipo de anécdotas. Sin embargo, con los años comprendí que aquella conversación no era un hecho aislado. Formaba parte de un mecanismo mediante el cual ciertos reconocimientos contribuían a construir prestigio, abrir puertas y fortalecer una historia sobre quienes los recibían.
Esa idea volvió a mi memoria muchos años después, cuando observé que el Tribunal Federal en el que laboraba había recibido el llamado Micrófono de Oro. Lejos de sorprenderme, me pareció un fenómeno perfectamente comprensible. Si en el ámbito musical los reconocimientos ayudaban a consolidar un perfil, ¿por qué habría de ser distinto en las instituciones públicas?
La diferencia estaba en el contexto.
En el caso de la banda, existía una propuesta artística que explicaba la lógica de sus reconocimientos. Había una identidad cultural, una trayectoria y una historia que, independientemente de su éxito comercial, resultaba coherente con el tipo de galardones que recibía. En cambio, un premio otorgado por una organización de locutores a una institución que durante casi noventa años había mantenido una relación prácticamente inexistente con los medios de comunicación planteaba otras preguntas. Más aún cuando esa misma institución, en distintos momentos de su historia reciente, había quedado atrapada en el debate político derivado de las reformas impulsadas durante los últimos años.
Fue entonces cuando comprendí que algunos reconocimientos funcionan de manera muy similar a ciertos doctorados Honoris Causa que aparecen periódicamente en la vida pública. Más allá del mérito académico o profesional, cumplen una función simbólica: ayudan a construir un perfil, fortalecen una reputación y aportan legitimidad a una historia que necesita ser contada.
Ese mismo mecanismo apareció con toda claridad en uno de los episodios más polémicos de la relación entre el poder político y los medios de comunicación en México.
En marzo de 2013, mientras Veracruz atravesaba uno de los momentos más difíciles para el ejercicio periodístico, una asociación de editores decidió entregar un reconocimiento al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa por su supuesto compromiso con la libertad de expresión y la protección de los periodistas. La ceremonia cumplía con todos los elementos propios de un acto protocolario: discursos, fotografías, aplausos y un gobernador sosteniendo orgullosamente una placa dorada.
Sin embargo, fuera del salón donde se realizaba el evento la realidad era muy distinta.
Para entonces Veracruz acumulaba asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos de periodistas. Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían comenzado a documentar el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en la entidad. La contradicción era demasiado evidente para pasar inadvertida.
La polémica no tardó en surgir. Diversos periodistas y medios cuestionaron el reconocimiento, no sólo por el destinatario, sino por el mensaje que transmitía. La discusión dejó de girar en torno a la ceremonia para centrarse en una pregunta mucho más profunda: ¿qué función cumplen estos premios cuando los hechos parecen desmentir aquello que buscan reconocer?
La respuesta quizá no se encuentre únicamente en la figura de Javier Duarte.
Tal vez convenga mirar el fenómeno desde una perspectiva más amplia.
Los reconocimientos rara vez hablan exclusivamente de quien los recibe. También hablan de quien los entrega, de la relación que existe entre ambos y del momento político en el que aparecen. Funcionan como mecanismos de validación mutua capaces de fortalecer una narrativa pública. Una fotografía puede convertirse en un argumento; una ceremonia, en un símbolo; un galardón, en una herramienta para construir legitimidad.
Esto no significa que todos los premios carezcan de mérito. Sería una conclusión tan simplista como injusta. Existen reconocimientos que celebran trayectorias auténticas y aportaciones incuestionables. El problema aparece cuando la distancia entre la narrativa y los hechos comienza a hacerse demasiado grande.
En ese momento el premio deja de ser únicamente un reconocimiento para convertirse en un documento político.
La historia del galardón entregado a Javier Duarte sigue siendo relevante porque permite observar cómo el poder intenta construir determinadas versiones de sí mismo y cómo esas versiones terminan enfrentándose con una realidad que, tarde o temprano, exige ser confrontada.
Quizá esa sea la verdadera lección de esta historia.
Los premios pueden fortalecer una reputación.
Pueden abrir puertas.
Pueden ayudar a sostener una narrativa.
Pero existe algo que ningún reconocimiento puede controlar.
La realidad.
Y cuando la realidad termina imponiéndose sobre la historia que se intentó construir, el verdadero valor del premio deja de estar en la placa que alguien recibió y pasa a encontrarse en las preguntas que esa ceremonia todavía es capaz de provocar.